Contra la manifestación

En relación con lo recién comentado, dice el Manifiesto: La familia sí importa que “El Gobierno español promueve iniciativas que atentan contra los fundamentos de la familia”. Sinceramente, no estoy en absoluto de acuerdo.

Que se cometa el grave error mencionado, no va en absoluto en menoscabo de la familia tradicional. ¿Por qué habría de ser así? Esas uniones ya existían, simplemente no estaban reconocidas legalmente. La sociedad no se ha desestructurado por ello durante este tiempo y, en todo caso, de haber ocurrido, sería fruto de una evolución social de los propios individuos y no de una ley aprobada por sus sectarios señorías.

Del mismo modo, es un error pretender que la familia tradicional ha sobrevivido hasta hoy por el mero hecho de estar “protegida” por los poderes públicos. Somos los individuos los que tomamos las decisiones sin necesidad de amparos positivistas.

Respecto a la adopción, es cierto que es el niño el que tiene el derecho a ser adoptado. Pero precisamente por eso, limitarlo mediante la condición de que sea un hombre y una mujer es caprichoso y devalúa completamente ese pretendido derecho. Sin mencionar que es falso que hoy día sea imprescindible esa condición tampoco, pues se permite la adopción por una sola persona.

No es tampoco función del Gobierno banalizar o priorizar nada. Si hay una ley que permite el divorcio, se usa o no se usa; nadie está obligado a ello. Y el hecho de que se critique la unilateralidad que permite la nueva ley, me parece francamente escandaloso. Lo criticable es que aún así haya que esperar tres meses para romper voluntariamente un acuerdo, salvo que se defiendan los contratos de esclavitud voluntaria. ¿Por qué dos personas no pueden acordar firmar un acuerdo cuya resolución sea unilateral y sin motivación objetiva? Pero tampoco conviene detenerse mucho en esto, pues es consecuencia de la previa existencia del “matrimonio público”. Sin lo uno, no sería necesario lo otro.

Con todo, lo más grave viene luego. Y es que si esta manifestación fuese para mostrar el apoyo a una determinada forma de entender la vida en familia, probablemente hasta me sumaría, pues comparto la importancia de esa institución milenaria en la formación de unos comportamientos pautados que hacen posible la vida en libertad. Pero lo que así se hace es levantar la voz pidiendo intervención al Gobierno. Y eso no.

Porque lo importante no es tanto lo que los ungidos pretendan hacer desde su posición de fuerza, si no el mero hecho de que puedan hacerlo. Pidamos libertad para vivir en paz, cada cual según su moral y según los principios básicos de respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Pero si pedimos que el Estado intervenga en una dirección moral determinada, perdemos todo punto de legitimidad.

También sería conveniente que algunos entendieran que no tienen derecho alguno a reclamar igualdad de trato en una cadena privada de televisión. Critiquen lo que quieran, que ello no significará estar en contra de la libertad de expresión, como los de siempre dirán, pero hay que tener claros los límites.

Aún así, sólo faltaba, tienen todo el derecho a expresarse libremente, aunque sea para pedir medidas que son ilegítimas a mi parecer. Y que desde sectores que defendieron manifestaciones no autorizadas (recordemos que, por desgracia, las calles son públicas y hace falta autorización administrativa) y, por tanto, ilegales, en las que se agredió a personas y propiedades ajenas sin rubor alguno, se pretenda deslegitimar ese derecho, es ciertamente vomitivo.

Por otra parte, los convocantes son conocidos y el PP no está entre ellos. Pero aunque así fuese, también podría hacerlo. Nuevamente en este caso, que la crítica venga de partidos políticos cuyas preferencias siempre estuvieron en las algaradas antes que en el Parlamento, es de un cinismo atroz. Por mi parte, el apoyo del PP como partido político (sus miembros son libres de hacer a título individual lo que les venga en gana, o así debería ser) me parece erróneo, aunque ciertamente revelador de su tendencia no-liberal, con propensiones a la coerción moral.

También será divertido ver la reacción de los teóricos del pueblo que habla y se mueve. Y es que para algunos, cuando el pueblo se manifiesta en la dirección opuesta a la suya, es que simplemente está equivocado, manipulado o en la ignorancia. Pues prueben ahora su propia medicina con dignidad. No deja de ser curioso ver los papeles cambiados: la derecha en la calle y la izquierda defendiendo el orden establecido.

Para finalizar, me gustaría comentar algo de la postura oficial de la Iglesia española. Tienen el derecho, y si me apuran el deber, de mostrar su concepción moral, de ejercer el proselitismo, de manifestarse o gritar desde los púlpitos para ello. Pero es grave, insisto, apelar al Estado para que mediante actos liberticidas les ayude en la labor.

Bien es cierto, que vivimos en una democracia parlamentaria, donde las mayorías son definitorias. Los que están tan a gusto en semejante orden de cosas, deberían tener presente, así sea por mera coherencia, que la Iglesia es un referente moral de muchos ciudadanos y que goza de una representatividad efectiva (mayor que los poderosos sindicatos, por ejemplo, a los que sí se tiene en cuenta; será por aquello de sus métodos de persuasión).

En fin, quizás ahora que la cosa se mueve, sea el momento de manifestarse por cosas realmente importantes, tales como la rebelión fiscal. Eso sí es un robo en toda regla que no se debiera consentir.